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Regulado por la Ley Crea y Crece y alineado con la Directiva 2014/55/UE de la UE. Su objetivo es mejorar el cumplimiento fiscal, reducir el fraude y agilizar las transacciones comerciales.
España avanza hacia la implementación total de la facturación electrónica obligatoria tanto en el sector público como en el privado, impulsada por políticas nacionales de digitalización y su alineación con las normas de la UE:
Implementación de la facturación electrónica obligatoria en España

- Enero de 2015: La facturación electrónica se volvió obligatoria para todos los proveedores del sector público español. Las empresas deben usar el formato Facturae XML aprobado por el gobierno y enviar las facturas a través del portal FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas).
- 29 de septiembre de 2022: El gobierno español aprobó la Ley Crea y Crece, una reforma legislativa para fomentar el crecimiento empresarial y combatir la morosidad. Un elemento clave es el uso obligatorio de la facturación electrónica para todas las transacciones B2B, aplicable a todas las empresas y trabajadores autónomos en España.
- A partir de 2025: Las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros estarán obligadas a emitir y recibir facturas electrónicas estructuradas.
- 2026: La obligación se extenderá a todas las demás empresas y profesionales autónomos, sin importar su volumen de negocio.
¿Quién debe utilizar facturas electrónicas en España?
- Proveedores del sector público: Obligados a emitir facturas electrónicas a través de FACe.
- Grandes empresas: Las empresas con facturación superior a 8M € deberán cumplir con la próxima obligación de facturación electrónica B2B.
- Exportadores: La facturación electrónica es obligatoria para transacciones con declaración de IVA transfronterizo.
- Empresas no residentes: Deben emitir facturas electrónicas para transacciones con entidades públicas españolas si están registradas en el IVA en España.
Facturación electrónica vs. E-Billing
Aspecto | Facturación electrónica | E-Billing |
Propósito | Cumplimiento con la normativa española y de la UE | Transacciones internas o informales |
Validación | En tiempo real a través de FACe o SII | No validada |
Formato | Facturae XML | Formatos flexibles y no regulados |
Archivado | Obligatorio durante seis años | Opcional |
Características clave del sistema de facturación electrónica de España
- Plataformas de envío: Las facturas deben enviarse a través de FACe para operaciones con el sector público o a través de SII para la declaración del IVA.
- Validación: La plataforma garantiza el cumplimiento de los campos obligatorios, las firmas digitales y las normas del IVA.
- Archivado: Las facturas electrónicas deben conservarse electrónicamente durante 6 años conforme a la legislación fiscal española.
Conjunto de datos de la facturación electrónica
- Identificadores del comprador/vendedor: NIF (número de identificación fiscal).
- Detalles de la factura: Número de factura, fecha de emisión y condiciones de pago.
- Bienes y servicios: Descripción de ítems, cantidades, precios unitarios y subtotales.
- Impuestos: Tipos de IVA aplicables e importes correspondientes.
- Información de la transacción: Importe total, moneda y método de pago.
- Datos de entrega: Garantiza la autenticidad e integridad de la factura.
Facturación electrónica por tipo de transacción
Transacciones B2B- La futura normativa hará obligatoria la facturación electrónica para todas las transacciones B2B.
- Integrado con la AEAT para la declaración del IVA en tiempo real.
- La facturación electrónica no es obligatoria para transacciones B2C, pero se recomienda para mejorar la transparencia y facilitar la declaración fiscal.
- Obligatoria para todos los proveedores de las administraciones públicas a través de la plataforma FACe.
- Las facturas deben cumplir con el estándar Facturae e incluir una firma digital.
Sanciones por incumplimiento
- Multas: Hasta 10.000 € por infracción por incumplimiento de los requisitos del sector público.
- Retrasos operativos: Las facturas rechazadas pueden provocar demoras en los pagos y tensiones con los clientes.
- Riesgos legales: Auditorías y daños reputacionales por incumplimientos repetidos.
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