Factura electrónica Italia

Implementación de la facturación electrónica obligatoria en Italia

• Desde 2019, todas las transacciones B2B y B2C deben emitirse electrónicamente a través del Sistema di Interscambio (SDI), una plataforma gubernamental de validación. Las facturas en papel están prohibidas en la mayoría de los casos.
• En 2022, el alcance se amplió para incluir transacciones transfronterizas, pequeñas empresas y profesionales exentos de IVA (por ejemplo, médicos, abogados).

¿Quién debe emitir facturas electrónicas en Italia?

• Grandes empresas: Obligadas desde 2019 para todas las transacciones nacionales.
• Pequeñas y medianas empresas (PYMES): Deben emitir facturas electrónicas a través de la plataforma SDI.
• Microempresas: Incluidas desde 2022 para la emisión electrónica de todas las facturas.
• Empresas no residentes: Deben cumplir con las transacciones realizadas con entidades registradas en el IVA italiano y declarar las demás mediante Esterometro (hasta 2024).

Facturación electrónica vs. e-facturación comercial

Características clave del sistema de facturación electrónica en Italia

• Plataforma de envío: Todas las facturas deben presentarse a través del SDI para su validación.
• Verificaciones de cumplimiento: SDI valida el formato, los datos del IVA y los requisitos normativos.
• Archivado: El almacenamiento digital por 10 años es obligatorio.

Conjunto de datos de facturación electrónica

• Identificadores del comprador/vendedor: Números de identificación del IVA.
• Detalles de la factura: Número, fecha y condiciones de pago.
• Bienes y servicios: Descripciones, cantidades y precios.
• Impuestos: Tipos y montos del IVA.
• Información de la transacción: Importe total a pagar y método de pago.

Facturación electrónica según tipo de transacción

• Obligatoria a través del SDI para garantizar cumplimiento y declaración fiscal precisa.
• Facilita pagos más rápidos y reduce errores.

• Obligatoria para empresas registradas en el IVA, con emisión de facturas o recibos digitales simplificados.

• Requerida para todas las operaciones con entidades gubernamentales para garantizar transparencia en la contratación pública.

Sanciones por incumplimiento

• Multas: Hasta el 100% del importe del IVA, con un mínimo de 500 € por factura.
• Retrasos operativos: Las facturas rechazadas pueden interrumpir pagos y operaciones.
• Riesgos legales: Posibles auditorías e investigaciones por incumplimiento.